BAJAR LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS: ¿CÓMO Y PARA QUÉ?

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Por Albert Calderó

 

El Presidente Rodríguez Zapatero acaba de adoptar un conjunto de decisiones de gran trascendencia para calmar a los mercados internacionales de capitales. A reserva de conocer su formulación concreta en el Boletín Oficial del Estado hay varios interrogantes que se plantean inmediatamente: ¿Cómo se va a poner en práctica esta medida en las administraciones autonómica y local? No parece que sea legalmente viable un "ordeno y mando" desde el gobierno estatal.

Desde luego sería posible promover la voluntariedad y apelar a la solidaridad y cooperación institucional, pero incluso en esta opción son necesarias medidas nada sencillas de coordinación y armonización de las decisiones. Si cada institución adopta medidas modificando las estructuras retributivas desde su propio criterio el desorden ya grande en la estructura de la retribución funcionarial puede alcanzar cotas preocupantes. Si ciertos ahorros se consiguen al precio de más desorden no es tan seguro que el resultado final global sea positivo.

Otra cuestión es: ¿Cómo se rompen acuerdos y pactos vigentes, firmados con los sindicatos, aprobados en Pleno, publicados en los boletines oficiales? Sólo el Estado puede elaborar normas que habiliten para esta ruptura, y es materia muy delicada. Tanto jurídicamente como desde el punto de vista de la buena fe en las relaciones laborales, sería mejor intentar negociaciones en cada institución, pero entonces dependería de la buena voluntad de la otra parte.

En el anuncio a las Cortes el Presidente especificó que la aplicación de la medida será fuertemente proporcional, con reducciones en torno al 15% para los salarios más altos y de menos del 5%, hasta llegar a cero, para los más bajos. La reacción de muchos que no conocen la trayectoria de las retribuciones públicas de los últimos decenios ha sido positiva. Pero después de muchos años de atender a las presiones sindicales con aumentos salariales lineales o inversamente proporcionales, el abanico salarial de las administraciones españolas es ya más corto que el del país más comunista que jamás haya existido: en muchas instituciones la relación entre el salario más alto y el más bajo es menor de 1 a 3. ¿Cómo quedará el abanico salarial después de la aplicación de las reducciones? ¿Alguien esperará motivación en los técnicos después de esto?

Otra cuestión no aclarada es el para qué. ¿A qué van a destinarse estos ahorros? En el Estado lo lógico sería que fueran a reducir el déficit, y esto desde el Boletín Oficial tal vez es fácil de conseguir, pero y en los Ayuntamientos, y en las Comunidades Autónomas? ¿Cómo se garantiza que este ahorro no acabe siendo aplicado a otro tipo de gasto?

El riesgo de que las medidas precipitadas acaben creando problemas más graves que los que pretenden resolver es grande. Confiemos en que esta vez la velocidad no asesine la eficacia ni la calidad. Y preparémonos para contribuir a ello cada uno desde su responsabilidad.



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