Los Expedientes de Regulación de Empleo amenazan al sector público

Las administraciones locales de nuestro país ya no pueden vivir al margen de las graves consecuencias de la crisis econòmica. La falta de dinero provocada por la caída de ingresos ligados a la actividad económica es acuciante.

Después de miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a empresas de toda España, los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de EREs en el sector público. El mito de Santa Rita -patrona de los funcionarios de la administración local- de "lo que se da no se quita", luce ya con pies de barro.

El Ayuntamiento de Barlovento (Islas Canarias), dirigido por Lázaro Brito, presidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), fue pionero en la introducción de EREs en el sector público español al extinguir el pasado 27 de febrero el contrato de 17 empleados públicos laborales fijos vinculados a obras y servicios. En la misma Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Fuencaliente hizo público que para este ejercicio no sufragaría ninguna obra pública con fondos municipales.

En Andalucía, el Ayuntamiento de Valenciana de la Concepción presentó inicialmente un ERE para 32 empleados públicos que tras tiras y aflojas con la Junta de Andalucía finalmente contempla 15 extinciones de contrato, 6 suspensiones temporales y 5 reducciones de jornada. En el Ayuntamiento de Almensilla, el Alcalde y el Comité de Empresa han acordado 9 despidos y 15 reducciones de jornada que se espera signifiquen un ahorro anual de 600.000€ para las arcas municipales.

En Catalunya, el Ayuntamiento de Roda de Barà plantea aplicar un polémico ERE para la suspensión temporal durante un año de 30 trabajadores, sin ningún referente anterior en la administración pública catalana.

Todas estas situaciones penosas salen a relucir tras un año 2008 que se cerró en España con 1.280.300 personas más en el paro de las que había al inicio de ese mismo año, pero con un sector público que había incorporado durante el mismo periodo a 116.200 personas más.

Es lógico que conocido el panorama actual se procure aliviar su dureza mediante la acogida en el seno de las administraciones públicas de cuantas más personas mejor, pero ésta es una medida lógica desde el corazón, no desde la cabeza.

A punto de cerrar la primera década del siglo XXI, el sector público español, excepto honrosas excepciones, aún no ha abandonado el tentador modelo de uso intensivo y paternalista del personal, que es habitual fuente de conflictos y tensiones entre empleados públicos, representantes sindicales y gestores.

Si alguna utilidad deben tener estas lamentables situaciones que vivimos ahora es la de evitar que se vuelvan a producir. Existen herramientas, tecnologías y profesionales al alcance de los decisores políticos capaces de mejorar la productividad de nuestras administraciones, de ajustar su coste laboral al de los servicios que prestan y de transformar estas dolorosas medidas reactivas en medidas que anticipen y corrijan los problemas antes que estallen.