¿Volvemos a tener corporaciones locales?
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Por Albert Calderó
En el año 2002 publiqué, junto con mi amigo Manuel Zafra, profesor de ciencia política de la Universidad de Granada, un artículo en “El País” que se titulaba “Los Ayuntamientos no son corporaciones”. En él defendíamos que era incorrecto y anacrónico, en una democracia moderna, hablar de corporaciones locales refiriéndose a los Ayuntamientos y otras instituciones locales, porque era una reminiscencia decimonónica, gremial y privatista, propia de la época en que sólo se aceptaba al estado central como titular de intereses públicos, y se equiparaba a las instituciones locales con gremios, agrupaciones privadas o comunidades vecinales.
Unos meses después, el gobierno Aznar presentó y consiguió la aprobación de las Cortes, por muy amplia mayoría, de una amplia reforma de la ley de régimen local, la que se dio en llamar ley de grandes ciudades, en la que además de un paquete importante de medidas modernizadoras, se operaba un radical cambio de lenguaje: desaparecían de la ley las expresiones “corporaciones”, “entes” y “entidades” para referirse a Ayuntamientos, y se utilizaba siempre “instituciones locales” para las instituciones y “gobierno local” para la mayoría gobernante. Tuve ocasión de comentar este cambio con sus autores, técnicos del Ministerio de Administraciones Públicas, y reconocieron abiertamente que nuestro artículo de El País les había convencido y que había formado parte de los materiales de trabajo para redactar el proyecto de la nueva ley.
Ahora bien, observo que en las últimas semanas, en los diversos Reales Decretos-Leyes que el gobierno Rajoy está aprobando, se ha operado una regresión en el lenguaje. En los diversos Reales Decretos-Leyes que ponen en marcha el plan de pago a proveedores “de entidades locales”, y en sus disposiciones de desarrollo, se denomina todo el tiempo “entidades locales” a estas instituciones, y se habla del “Pleno de la Corporación”. Es paradigmático, por ejemplo, cuando al final del Artículo 9 del Real Decreto-Ley 4/2012 se dice: “Las entidades de crédito facilitarán a las entidades locales…” Denominar “entidades” por igual a los bancos y a las instituciones locales es confundir y poner al mismo nivel institucional instituciones públicas democráticas de elección directa con empresas, una confusión poco deseable.
No deberíamos perder el gran avance conceptual que representó la ley de modernización del gobierno local de 1993. Vamos a padecer con toda certeza un proceso de empobrecimiento económico en los próximos años; evitemos al menos padecer también un empobrecimiento conceptual.
