OBJETIVOS DE UNA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Docs Albert Calderó
06-oct-1977
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(Fragmento del libro "El sindicalismo de los funcionarios públicos", Albert Calderó, Editorial Avance SA, Barcelona 1977, pp. 90-93).

El objetivo central de la reforma administrativa es poner fin al actual desorden, aclarar y simplificar la estructura administrativa, aumentar su eficacia y racionalidad.

La situación actual de la Administración, con su impenetrable complejidad estructural y normativa es excelente caldo de cultivo para que proliferen la corrupción y la utilización del poder administrativo en beneficio de intereses privados. Esa misma complejidad constituye un buen mecanismo para la negación práctica de muchos derechos y libertades ciudadanas que se anuncia respetar en el terreno de las grandes declaraciones.

La racionalización de la estructura administrativa.

El primer objetivo de la reforma administrativa debe ser conseguir la absoluta transparencia estructural y funcional de los organismos e instituciones, actuando, en primer lugar, por simplificación. Es necesario suprimir todos los organismos inútiles, superfluos, y reducir los restantes a un numero razonable de grandes unidades, con claras delimitaciones de funciones. El resultado implicará de paso la desaparición automática de las múltiples comisiones mixtas, de enlace y coordinación, que actualmente se establecen entre unos y otros organismos para resolver problemas comunes y solventar litigios de competencias.

Al mismo tiempo, deberá darse a esta estructura la máxima publicidad, con el fin de que los ciudadanos puedan controlar adecuadamente su funcionamiento mediante las vías representativas y mediante su iniciativa directa.

La racionalización de la gestión administrativa.

La agilización de las tareas burocráticas y la disminución de los costes de gestión son objetivos siempre repetidos de la reforma administrativa. La solución del problema debe encontrarse en la participación de los funcionarios, y en el establecimiento de órganos especializados, bajo la dependencia de los organismos responsables de la función pública, encargados de estudiar la aplicación a la Administración de todos los avances en el campo de la informática, la normalización, la mecanización y las nuevas técnicas de gestión. Estos órganos deberán contar con el asesoramiento de las comisiones técnicas paritarias existentes en los distintos niveles.

En este terreno la solución no está en las grandes medidas legislativas, sino en el establecimiento de canales que den continuidad a la tarea de la constante renovación técnica y organizativa. En estos canales se deberán realizar estudios periódicos de coste y rendimiento de los servicios, y elaborar y actualizar permanentemente planes de normalización que deberán abarcar todas las fases posibles de la gestión administrativa.
Otra medida que se va revelando imprescindible es la unificación y coordinación de los centros de recogida y tratamiento de la información. La actual dispersión de esfuerzos en este terreno limita extraordinariamente su eficacia. No debería descartarse la creación de bancos centrales de datos, que con criterios estadísticos unitarios afrontaran esta tarea de modo global.

La descentralización de funciones y competencias.

La centralización es uno de los factores más claros a eliminar a diversos niveles de la gestión administrativa. En primer lugar, en el plano territorial, mediante una importante transferencia de competencias a los organismos autónomos de las nacionalidades y regiones, pero también a la Administración municipal, a los órganos gestores de tipo comarcal, etc.

Por otra parte, una serie de responsabilidades en el plano de la gestión deben ser puestas en manos de órganos regidos directamente por los ciudadanos en toda una serie de áreas de la vida social, en el marco de la Administración local o comarcal. Sectores como la sanidad, la previsión, la enseñanza y otros servicios públicos requieren la participación directa de los afectados.

Por último, es necesaria una descentralización en el mismo seno de la estructura administrativa, de forma que los distintos niveles de funcionarios tengan acceso a las decisiones que sean asequibles a su nivel de cualifícación y responsabilidad. La actual limitación de la esfera de decisión a la cúpula de la jerarquía administrativa aporta una buena parte de la lentitud en la gestión, y otorga a esas jerarquías un poder desmesurado, al mismo tiempo que reduce su capacidad de trabajo, limitando una buena parte de su tiempo al ejercicio notarial de la firma de documentos.

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